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La ley descansa en paz

Por: Ponciano MBOMIO NVÓ, Abogado

La sociedad de hoy, como la que parte de la Revolución Francesa, se rige por las normas emanadas de la potestad del Estado, y resulta obligatorio su cumplimiento como manifestación de la voluntad general. La doctrina montesquiana de la división de poderes reconoce al poder legislativo del Estado la misión de elaborar y aprobar las leyes, por ello es su facultad privativa en el orden constitucional. En este caso, y para alcanzar la estabilidad social, a los demás poderes del Estado les toca, cada uno en su esfera, aplicar las leyes nacidas del legislativo. Entonces, debemos presumir que aprobada una ley por el legislativo, ésta pasa a adquirir una vida independiente del componente de los legisladores que han conocido su elaboración, y todos los ciudadanos quedan obligados a someterse a su disciplina. ¿Y eso es todo? No.

Pues, el respeto a la ley aprobada por el legislativo se debe al conocimiento que se adquiere de ella por los ciudadanos, lo que requiere su publicación, porque uno de los principios que caracteriza al Estado de Derecho es la publicidad de las leyes o normas que dicta, para que éstas sean conocidas y cumplidas por los ciudadanos. Si esta publicidad se limita sólo al componente de los legisladores que la elaboran, que en este caso actúan como mandatarios de la voluntad popular que los elige, la ley aprobada de esa manera carece de eficacia para obligar a los destinatarios de la misma. Por eso, el Derecho Civil, en tema de eficacia de las normas jurídicas, exige la previa publicación de las mismas, reservando para su lectura y estudio un tiempo limitado conocido por “vacatio legis”, o descanso de la ley, porque aún no obliga a nadie ni ha entrado en vigor.

Ahora bien, la predicada publicidad previa que debe hacerse de la ley aprobada por el legislativo, no se hace en cualquier medio de información como para que pueda ser obligatorio su cumplimiento, sino que el ordenamiento jurídico tiene señalado y aprobado un determinado vehículo oficial de publicidad de las leyes. Este vehículo oficial lleva la matrícula de “Boletín Oficial del Estado”. En nuestro caso, la República de Guinea Ecuatorial, es el Código Civil vigente el que se ocupa de su regulación, al determinar en su artículo 1º que las leyes obligarán a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiera otra cosa. A renglón seguido continúa este precepto: se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en el Boletín Oficial del Estado (o Gaceta del Estado). ¿Y qué pasaría si la ley aprobada por su legislador no llega a publicarse en el BOE? Pues, sencillamente, dicha ley no entra en vigor, ni puede obligar a los ciudadanos su cumplimiento. En una palabra, carece de eficacia jurídica y “descansa en paz” por ser una ley muerta. Esta excepción de falta de publicidad de la ley en el BOE afecta por igual a las leyes estatales, comunitarias y tratados o convenios internacionales suscritos o ratificados por Guinea Ecuatorial. Parece una broma, por no ser problema político sino jurídico. Y lo cierto es que, en Guinea Ecuatorial, toda norma jurídica con rango de ley que no haya sido previamente publicada en el BOE, no se integra como tal en el ordenamiento jurídico positivo nacional. Su cita en los altares y púlpitos oficiales sólo sirva de mera referencia. No me gustaría citar casos concretos de esta realidad porque da mucha pena, y porque ello configura un verdadero espacio de anarquía jurídica, que en una sociedad como la nuestra es más lesiva que un choque frontal de dos vehículos.

En las circunstancias expuestas, podemos afirmar que “la ignorancia de la ley exime su cumplimiento”, porque no es conocida por nadie una ley que no haya sido publicada en el BOE, por ser, como hemos indicado, el vehículo oficial de las normas jurídicas con rango de ley en Guinea Ecuatorial. Y esta excepción es bien aplicable ante cualquier operador jurídico (administración pública, tribunales de justicia, entre otros), siendo el principal perjudicado el propio Estado que debe velar por el normal tráfico de las normas jurídicas que dicta, y luego los ciudadanos, nacionales y extranjeros residentes en el suelo patrio, quienes desean alcanzar la seguridad jurídica de sus operaciones lucrativas mediante la aplicación y cumplimiento de las normas que las regulan.

¿Y qué pasaría si no funciona el vehículo oficial del Boletín Oficial del Estado? Entonces resultaría incurable la fractura ósea que en este caso pueda padecer el Estado de Derecho, donde cada ciudadano cumple las obligaciones que le vienen en gana y daría las interpretaciones de la ley que convengan a sus intereses.

BUDA hace un símil de la situación que comentamos señalando que “si devolviéramos a cada palabra su verdadero significado, la paz en el mundo sería una realidad, porque las palabras son el vehículo que utilizamos para comunicarnos, y muchas veces la distinta interpretación que dos personas le dan a la misma palabra puede convertirse en un conflicto”.


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