Apertura del Año Judicial 2010

Obiang denuncia corrupción en la justicia y la administración pública ecuatoguineanas

Para el mandatario, “últimamente se han registrado enormes desviaciones [de dinero] del tesoro público, y “esto está mal”. Lamenta la evolución de la delincuencia juvenil, con “dimensiones peligrosas” y la “proliferación generalizada” de accidentes de trafico con muertes.

El presidente de la CS, José Olo sigue constatando la inejecución de las sentencias judiciales, a causa de “amenazas y llamadas telefónicas de autoridades civiles y militares” y las libertades extrajudiciales que “por doquier”, otorgan los juzgados de instrucción a los acusados; “recibiendo grandes sumas de dinero a cambio, que luego meten en sus bolsillos, mientras el supuesto delincuente pasea por las calles”.

El presidente de Guinea Ecuatorial ha condenado nuevamente la corrupción familiarizada entre los jueces y magistrado de este país. En esta tónica se dirigió el discurso de Obiang Nguema Mbasogo antes de declarar aperturado el actual año judicial; en una ceremonia como de costumbre que tuvo lugar el viernes 15, en el palacio malabeño de conferencias de Banapá.

“Existe actualmente en Guinea Ecuatorial el deseo de querer enriquecerse rápidamente, empleando los recursos que no corresponden a la persona. Por eso se registra mucha corrupción de los jueces y magistrados, que quieren enriquecerse abusando de los recursos del Estado. Esto está mal”, manifestó.

Amen del sector de la justicia, Obiang se indignó del hecho de que esta misma lacra se conozca también en las administraciones públicas dependientes de los ministerios; incluso a cargo de altos funcionarios. En sus palabras, la corrupción debe ser perseguida por medidas excepcionales, las cuales deben extenderse con estrategias concretas a los malversadores de fondos de la administración, no solo de la justicia, sino de todo servidor público.

“Estamos observando una actuación: el hecho de que la gente está desviando cantidades exorbitantes del dinero del Estado. Últimamente se han registrado desviaciones enormes del tesoro [público]. Auque los autores se encuentran en las prisiones, se deben tomar medidas serias. Permitir tales acciones esto puede peligrar la buena gestión del Estado, porque [éste] vive de los ingresos”.

Obiang, para quien constata “deficiencias en la administración de justicia”, insiste en que la actuación de ésta, pasa de dar la razón al que la tiene, al que pague costas procesales o proteger a los aforados. Habla de la necesidad de “un ambiente de confianza y seguridad” de la sociedad a los tribunales de justicia, y tiene a la formación en la escuela de judicatura práctica judicial, como la solución de los males que afectan al sector.

El primer magistrado dice que debería existir el patriotismo, conocimiento de la responsabilidad enjuiciada, vocación, honradez y el respeto a los bienes públicos y privados. Éstas son en su opinión, “condiciones indispensables” para llevar correctamente la administración de justicia en Guinea Ecuatorial. “La corrupción administrativa, la estafa al administrador, la prevaricación y el cohecho, constituyen faltas muy graves que los administradores de la justicia no deben incurrir; porque contribuyen a la deshonra, desconsideración y degradación de su autoridad”.

Independencia versus ingresos económicos
El tema de la independencia del Poder Judicial, también se adueñó del primer discurso del mandatario ante los jueces y fiscales, desde las últimas presidenciales. Para el jefe de Estado es hora de que la administración de justicia mantenga como prioridad los principios de rentabilidad económica y eficacia administrativa.

“Que conste: el principio de la autonomía de funcionamiento debe entenderse también como la de la autosubvención de los gastos de funcionamiento de los servicios [del Poder Judicial]”, indicó, añadiendo que ya se tomó la determinación de que los ingresos petroleros no deben financiar los gastos de funcionamiento de la administración, “sino la ejecución de los proyectos de desarrollo identificados por el gobierno”.

“A partir de ahora, los tribunales y juzgados serán responsables de su funcionamiento desde el punto de vista económico. Lo mismo hace el gobierno, justificando sus ingresos. Sus gastos no provienen de los ingresos del petróleo. La administración de justicia tiene grandes posibilidades de recaudar sus ingresos para financiar su propio funcionamiento, como lo hace el gobierno”.

Evolución de la criminalidad y accidentes de tráfico
En Banapá, junto a la corrupción, Obiang alertó del avance de perjuicios sociales que están adquiriendo dimensiones, con el fin de que la justicia encuentre fórmulas para contrarrestarlos. Además de la delincuencia juvenil, que “está adquiriendo dimensiones peligrosas”, el presidente lamentó la “proliferación generalizada” de accidentes de trafico; debido, reconoció, a la debilidad de los órganos competentes, “quines expiden carnés a conductores que no han pasado por una autoescuela”.
José olo, en su primer discurso como responsable del sector en un acto de apertura del año judicial, reveló que los ingresos del sector durante el 2009 han sido más de 54 millones de francos al tesoro público. Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que necesitan los jueces ecuatoguineanos es ejercer su función escuchando solo la voz de su conciencia y de la ley; cumpliendo sus deberes sin favoritismos, parcialidad o discriminación étnica.

Olo Obono condena masiva liberación de condenados “al antojo” de los responsables de las cárceles
De una inspección por los tribunales y juzgados nacionales, el exfiscal general de la República sigue constatando irregularidades “muy graves” que impiden la correcta administración de la justicia. “La práctica de la corrupción con respecto a los depósitos y fianzas judiciales, la usurpación de competencias entre jueces y secretarios, el alcoholismo y la excesiva acumulación de las causas penales y autos civiles para determinar la fecha de la celebración de los juicios”, son lagunas descubiertas por Olo Obono.

A ellos, el jurista añade “el no cumplimiento de las decisiones de los tribunales por parte de los administradores de las cárceles públicas, quienes liberan a los reclusos a su antojo y las dificultades en la ejecución de las sentencias, por ingerencias de autoridades civiles y militares, quienes amenazan a los jueces a través de llamadas telefónicas”. El presidente de CSJ ha constatado además “la ingerencia de otros poderes del Estado en la toma de decisiones judiciales y la confusión creada los diputados, quienes confunden los conceptos de inmunidad con impunidad”

“Los juzgados de instrucción dan libertades provisionales por doquier, recibiendo a cambio grandes sumas de dinero y que luego meten en sus bolsillos; mientras que el supuesto delincuente pasea por las calles, creando inseguridad ciudadana. Con ello los ciudadanos toman la justicia por su cuenta”, advirtió.