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Llamado también saldo o paga, es el resultado del esfuerzo realizado mediante un acuerdo, convenio o contrato entre dos o más personas físicas o jurídicas.
Este convenio o acuerdo no siempre experimenta finales satisfactorios para ambas partes; así se sabe de problemas acabados en dramas solo porque una o las dos partes no han cumplido el contrato.
En todo caso, el salario no es asunto ligero por ser el resultado de esfuerzos compartidos que, normalmente precisan: confianza, fidelidad, seriedad y respeto en ambas partes. Por eso es de buena iniciativa que en todo contrato actúe la buena conciencia, el sentido común, el respeto a la ley y el temor de Dios.
A propósito del temor de Dios, tenemos estos mandamientos:
“No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana…” (Lv, 19:13).
“También les dijo… y contentaos con vuestro salario”. (Lc, 3:14).
“Pero al que obra (trabaja y cumple con su trabajo), no se le cuenta el salario como gracia (favor), sino como una deuda (deber)…” (Ro, 4:4).
La Ley laboral vigente en este país también prevé disposiciones que rigen el salario basadas casi en los principios mandatados por el Altísimo; por lo que violarlos acarea sanciones y castigos a cualquiera de las partes infractoras.
Pues bien, no es intención del articulista, considerar aquí que se está violando el salario del obrero o empleado, sí invitar a la reflexión sobre comportamientos de algunas instituciones que manejan a su manera el salario del prójimo.
Para que sea considerado el salario como tal, debe haber en el acuerdo, bien determinado y definido su cuantía, la modalidad y programa de esa paga. El caso de nuestra referencia es el del funcionario público que, salvo error de información, muy pocos o nadie de los tales sabe ciertamente el total de su salario estipulado, ni mucho menos los descuentos que se le aplican por esto o aquello; que por cierto nada de ello aparece en el boletín de pago del banco. Y los jefazos económicos no se dignan en comunicárselo al asalariado como debiera de ser.
La mayor preocupación del asalariado público está en:
a) Parece ser que la buena voluntad del Gobierno de acabar con las manipulaciones de los dichosos habilitados, cediendo a su vez su tarea de pago al funcionario a las instituciones bancarias es un fracaso, en el sentido de que, aún intervienen esos en muchas acciones intermediarias entre los bancos y los funcionarios. De hecho, son quienes pagan incentivos del modo más corrupto: los cobran incluso los que a penas pasan por la oficina, los más insubordinados, los que entran y salen al despacho cuando y como les da la gana, quienes firman las fichas de control y evaluación del primero al final del mes una sola vez para ausentarse el tiempo que desean y cobrar así todo su salario mensual, los de nulo rendimiento que pasan la mayoría de las horas jugando a spider y otros en el ordenador… También entran en este grupo aquellos que habiendo sido sancionados aparentemente, y en realidad es solo para jugárselas al responsable sancionador, ya que percibe tranquilamente sus haberes estando sentadito/a en su casa. Pues se las entienden con los jefes económicos y algunos responsables del sector que les facilitan el cobro de su salario mensual completo sin ningún efecto de las sanciones; de ahí su arrogancia en la insubordinación y desacatos a las normas administrativas, que padecen del total descontrol del CONTROL, a pesar de los muchos controladores e inspectores de servicio…
b) La confusión del funcionario es más excitante a la hora de ir a cobrar en el banco:
- la enfermedad de la “colititis” guineana se propaga más en las instituciones bancarias nacionales donde las agraciadas amazonas se divierten con los desgraciados clientes pordioseros a sus anchas, pues les encanta ver muchos embriagados de sus encantos desde largas filas, en la fatigosa espera porque de cinco cajas solo dos o una funciona y la cajera tanto insolente como descortés, prefiere atender con descaro a los suyos.
- en los días de pago a los funcionarios (que no tienen ningún programa), se juntan todos y sus ventiladores o acondicionadores de aire, solo Dios sabe su capacidad.
- aquí le descuentan al funcionario el depósito de dinero como si fuera un convenio entre el banco y él, mientras ese trato debiera operarse entre éste y la tesorería o la Función Pública.
- Ah, está el fenómeno de no pagarle a nadie los “franquesitos”: X centenas de miles Z miles Y… decenas con 2, 3 o 4 FCFA que nos e dan; se quedan en caja en beneficio de los cajeros. ¿Por qué no se pagan esos francos o “calderías”, llámeselas monedas? Y eso en verdad resulta muchos millones: ¿Robo público?
La pena del funcionario civil del Estado, a la hora de percibir su haber es humillante que merezca un buena reconsideración por el Gobierno. Pues en varios bancos se debe ir muy temprano para volver muy tarde a casa por mendigar el propio salario que es un derecho o como dice la Biblia: una deuda.
Y el tema de los incentivos es un de los más oscuros de nuestra administración: debe remediarse sumándolo a los merecedores en sus estipendios mensuales y no seguir concediéndolo a través de habilitados y otros que hacen de ellos lo les parece a su beneficio.
La verdad es que los bancos deben elaborar programas especiales para el pago a los funcionarios, instruir debidamente a sus “modelos” de cajeras y, mucho mejor harían ese trabajo reflejando en los boletines de pago todo lo que se le descuente al asalariado; se presume que es un derecho tener justificados los gastos. ¿No?
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