Entrevista a José Olo Obono,
Fiscal General de la República

	“Todavía sigue en curso el proceso judicial contra todos los implicados en la trama golpista de marzo - 2004”

Olo Obono recibe a los reporteros del ÉBANO, decano de la prensa ecuatoguineana para contarles sobre los últimos contactos y gestiones hechas por la fiscalía General de la República acerca del abortado plan mercenario de hace ahora 4 años contra el actual régimen que gobierna Guinea Ecuatorial. Desde su despacho de Malabo comenta también que pese a la conclusión del último juicio contra Simon Francis Mann, Mohamed Salam y otros ecuatoguineanos aún siguen en pie las investigaciones para alcanzar a un juicio oral y público. El objetivo es que haga sentar en el banquillo de los acusados a todos los implicados en esta intentona golpista, sea a nivel interno (con miembros del PLAN A) o internacional, especialmente contra Ely Calil y Mark Tacher. Se trata sobre todo de una demanda de extradición en curso pendiente de tramitar (en España) y la toma de acciones penales en el Reino Unido y el Líbano.

P.- ¿Su opinión acerca del juicio llevado a cabo últimamente en Malabo, en el cuál se ha condenado a 34 años a Mann y Salam y otros ecuatoguineanos con diferentes penas; implicados en la última trama golpista contra el actual régimen político de Guinea Ecuatorial?
R.- El juicio se ha desarrollado con absoluta legalidad. El proceso ha sido equitativo, transparente y justo, no hay lugar a dudas. El ejemplo más elocuente de ello es que desde que se inició, hasta que fue visto para sentencia y la publicación de la misma, no ha habido ni a nivel interno no interno ni internacional queja alguna o comentario crítico de que el proceso no ha sido transparente y justo.
El balance es positivo. Todo se ha desarrollado muy bien y hemos llegado a una sentencia que este ministerio fiscal considera justa.
Hemos acabado el proceso en Guinea Ecuatorial, pero éste va a continuar con relación a los demás implicados que se encuentran fuera del país.

P.- Durante el juicio quedó en entredicha la relación de supuestos miembros locales pertenecientes al “PLAN A” de la intentona golpista ¿Hasta qué punto se podría corroborar este hecho?
R.- Todo lo que aparece en la causa sumarial, es aquello que puede ser objeto de cometario y de proceso. Ha quedado claro que efectivamente existían dos planes, A y B. El primero consistía en la participación que tenían en el golpe de elementos internos; es decir, guineanos que viven en el interior del país y éstos podrían ser altas autoridades militares, civiles o miembros del gobierno. Precisamente uno de ellos- Fortunato Ofa Mbo- que estaba en el PLAN A, había sido procesado. No se ha podido proseguir la apelación contra él. Pues al establecerse la sentencia, el Gobierno no había culminado el trámite de la autorización, ya que un miembro del Gobierno es un elemento aforado.
A estas alturas, a aparte de este señor, no podemos revelar las identidades de las demás personas o personalidades involucradas, porque todavía existe secreto sumarial con relación a ellos. En todo caso, prosiguen las acciones judiciales. Perro sí, existe la certeza del “PLAN A”.

P.- Simon Mann en sus declaraciones ha dejado claro que pese a que esté él en prisión, es posible que todavía siga en marcha la trama golpista gestionada por Ely Calil y compañía. ¿Hasta qué punto puede considerarse cierta esta aseveración?
R.- Hay que tener en cuenta que la causa principal deriva de la actual mejor situación económica que vive el país. Mientras Guinea Ecuatorial aún continúe en esa situación boyante económicamente hablando, no hay lugar a dudas de que la idea permanezca [todavía] latente en los conspiradores. Además la mayoría de las personas involucradas se encuentran en situación de indetención. Éstos siguen manejando sus recursos económicos y cabe la posibilidad de que puedan materializar este golpe de Estado.
Estamos prosiguiendo la investigación, a la altura de entablar acciones judiciales contra esa gente que se encuentran en el exterior.

P.- Durante el desarrollo del juicio, esta Fiscalía solicitó la pena de 31 años de prisión para el principal encausado Francis Simon Mann. Sorprende que finalmente la sentencia del tribunal le condene a 34. ¿Existe alguna explicación jurídica al respecto?
R.- En nuestra investigación encontramos varias circunstancias que conllevan a que no se haya pedido una pena superior a este procesado. Durante la tramitación de la demanda de extradición en Harare (Zimbabwe), una de las condiciones que exigía las leyes de este país en la materia, era que no podíamos condenarle a muerte.
Para los profesionales del derecho, el delito de homicidio contra el jefe de Estado castiga a igual pena tanto que sea frustrado, tentativa, consumado, o en conspiración. Siempre la pena es la máxima. También hemos tenido en cuenta otras circunstancias, y es que aunque nuestro derecho procesal penal no contempla la posibilidad de un eximente por la cooperación con la justicia, pero, el Ministerio Fiscal ha estimado varios elementos.
Tampoco hay mucha diferencia en cuanto a la penalización. De 31 a 34 años, se ve que el tribunal ha tenido en cuanta esta situación, siempre hay que aplicar la pena mayor. En ese caso no ha sido ésta, sino la de reclusión menor en su grado máximo.
Aun con esto, no vamos a recurrir contra la sentencia, ni entendemos que ha habido violación del principio acusatorio.

P.- ¿Qué probabilidades existen en que se tenga que hablar nuevamente de esta causa, en caso de que el abogado de Francis Mann recurra a esta sentencia que desfavorece a su defendido?
R.- Los mismos parámetros que ahora, son los que mantendríamos. Si son legales, creo que este recurso no prosperaría.

P.- En fechas recientes, Malabo ya formalizó la demanda de extradición de Severo Matías Moto Nsa para que fuera extraditado a Guinea Ecuatorial y sea juzgado como Mann. ¿Hasta qué nivel se encuentra este caso?
R.- Su demanda de extradición está actualmente en curso en España, pero el único impedimento en que tenemos se basa en que actualmente seguimos con el proceso del retiro de su condición de asilo político. Ésta es condición sine qua non para dar otro paso. Si no se le quita su condición de asilado [político] no puede ser extraditado de España a Guinea Ecuatorial.
Como el Tribunal Supremo [español] había decidido la no retirada de este estatus, el abogado que representa al Gobierno de Guinea Ecuatorial, ha interpuesto un recurso de amparo ante este tribunal. Estamos esperando a que se ventile este recurso para ir después a la demanda de extradición, la cual está ya promovida en España.

P.- ¿En qué se sitúa ahora el caso de uno de los ex miembros del Gobierno, y actual diputado, salpicado en el proceso judicial?
R.- Lo concerniente a Fortunato Ofa Mbo no es secreto sumarial, pues ya había sido procesado. El tribunal estimó la petición de previo procedimiento solicitada por su defensa. El ministerio fiscal se ha reservado en la decisión de no recurrir frente a esta medida del tribunal; toda vez que nosotros vamos a proseguir la causa contra él y el resto de los implicados hasta que se ejecute el tramite de su condición de diputado, porque está aforado.
El hecho de ser diputado no supone ningún inconveniente alguno para que sea oído ante un tribunal. La única cuestión es que se haga el trámite oportuno para retirarle esta condición y quedarse libre como para que sea juzgado.

P.- El resto de los ecuatoguineanos han sido absueltos de los cargos de asociaciones ilícitas. ¿Piensa igualmente esta fiscalía recurrir a esta decisión?
R.- El tribunal es soberano en sus decisiones. Estamos barajando la hipótesis de recurrir o no; puesto que realmente encontramos que es una decisión que no se ajusta al derecho.
Por ejemplo se constata que los contactos que Severo Moto mandaba a su militancia [del disuelto Partido del Progreso] en Guinea Ecuatorial pasaban a través del correo electrónico de Bonifacio Nguema. Esa correspondencia de noticias, junto a la detección en Guinea Ecuatorial de armas enviadas por Moto Nsa desde Sagunto (España) están en correlación con la actuación orquestada para llevar a cabo el golpe de Estado, lo que se ve demostrado en las declaraciones de Saturnino Nkono Mbomío; en el sentido de que habrían asesinatos masivos a miembros del Gobierno o personas allegadas al presidente de la República.
Esa actividad ha sido llevada a cabo por miembros del PP. Se sabe que en 1997 este partido ya fue ilegalizado en Guinea Ecuatorial en virtud de una sentencia firme. Por lo tanto se consideran ilícitas las reuniones que han estado llevando a cabo. Cuando el tribunal dice todo lo contrario, esta situación no está ajustada al derecho.

P.-Ha hablado del fallecido Saturnino Nkono Mbomío. ¿Por qué se le relaciona con esta trama?
R.-Es el receptor de las armas enviadas a Guinea Ecuatorial por Severo Moto. Se trata de un fusil Mauset, otro Simonof y una pistola Koll y más de 200 municiones. Los otros han sido colaboradores directos porque tenían conocimiento de esta situación y no la denunciaron ante ninguna autoridad competente. Por eso se les condena a seis años como cooperadores necesarios ante este hecho.

P.- El jefe de Estado, durante la última dimisión del gobierno denunció que éste ha sido un equipo decepcionante en referencia a la posible inclusión en el mismo de miembros del “PLAN A”. ¿Qué impacto podrían dar estas aseveraciones a nivel jurídico?
R.- Existe algún miembro del Gobierno. Como señalé, estamos en una situación de secreto sumarial con relación a los otros cuyos nombres no puedo decir aquí.
Efectivamente hay en estos momentos ex miembros del Gobierno que están implicados en el “PLAN A”. Es la explicación que en estos momentos les puedo dar.

P.- ¿Concluido ya el proceso de extradición y el juicio contra Simon Francis Mann, se puede afirmar que está ya concluido el proceso referente a la trama golpista de marzo de 2004?
R.- Va a seguir en pie con relación a las personas implicadas a nivel interno del golpe. Existe a nivel de los servicios de seguridad y del Ministerio Fiscal una relación de implicados en esta trama golpista cuya investigación todavía se sigue llevando a cabo.
A nivel internacional, tenemos en curso como ya señalé una demanda de extradición, pendiente de tramitar pero ya entablada en España. Próximamente se tomarán otras acciones penales en también en este país.
En el Reino Unido vamos a tomar acciones penales o demandas de extradición al igual que en el Líbano.

P.- ¿Concretamente de qué personas jurídicas o físicas se trata?
R.- Contra Ely Calil, Mark Tacher, Greck Walles, Karim Falaha, Enri Maouat, etc.

P.- Ha quedado clara la afirmación de Mann acerca del consentimiento de varias potencias occidentales (España, Inglaterra, Estados Unidos) en relación al reconocimiento del Gobierno que surgiría tras el golpe de Estado. ¿Piensa el Estado ecuatoguineano a través de su fiscal general, iniciar acciones judiciales contra estos países por un supuesto delito de apoyo al terrorismo y mercenariado internacionales?
R.- A nivel de una acción concreta contra estos Estados, hasta aquí la fiscalía no ha pensado en poder llevarlo a cabo. Efectivamente ha habido una afirmación clara en este sentido. Quedó manifestado que se envió a los Estados Unidos a Greck Walles, quine visitó la secretaría de Estado y ciertas autoridades del Pentágono para saber cuál era la impresión del gobierno de este país si lo iba a reconocer o no.
Ha quedado bien claro con relación a España, según las declaraciones del propio Simon Mann que el entonces gobierno de [Jose María] Aznar iba a reconocer el nuevo gobierno que surja después del golpe de Estado. España iba además a aportar una ayuda material con 1. 000 guardia civiles. Todo esto coincide cuando en febrero de 2004 [fecha cercana a la intentona golpista], estaba faenando en las aguas del golfo de Guinea un barco de guerra español.
Quedó bien claro en las mismas declaraciones que el 4 de marzo de 2004, Severo Moto había sido recibido por el actual presidente sudafricano Thabo Mbeki. Los servicios de inteligencia de este país estaban en coordinación con Nick Servais du Toit [quien actualmente ya cumple condena en Guinea Ecuatorial], para conocer de manera exacta los movimientos y la forma en que se iba a ejecutar este golpe de Estado.

P.- Por lo que respecta a Marck Tacher, ¿tiene jurisdicción la justicia guineana para encausarle, aunque esté en libertad bajo fianza?
R.- No tiene libertad bajo fianza. Ha sido detenido en Sudáfrica, debería haber sido juzgado. No sabemos en qué móvil se habría valido como para que esté en la situación actual.
Tenemos la sentencia dictada en Sudáfrica. No se le llegó a juzgar, sino más bien él reconoció los hechos, y se llegó a un acuerdo de una sanción. Pagó 3 millones de rans y mediante lo cual se le soltó y ahora está libre. Esto consta en una resolución que tenemos.

P.- ¿Alguna objeción contra aquellos que quisieran sacarle partida política a esta causa sumarial?
R.- Siempre la gente ha tenido el ánimo de manipular. Cuando a un tema jurídico se le mete matiz política, pierde su sentido y esencia, lo cuál constituye un elemento de distracción para la gente que desconoce el fondo del asunto.
La relevancia política ha ido perdiendo campo en este tema, mientras la jurídica, ha ido creciendo. Por eso no se ha podido ni siquiera criticar, pues el proceso se ha desarrollado muy bien. El asunto se ha quedado puramente a nivel jurídico y por eso no tenemos quejas de ninguna parte; a pesar de las tentaciones de quienes querían politizarlo.
“El proceso ha sido equitativo, transparente y justo, no hay lugar a dudas”.
“A estas alturas, no podemos revelar las identidades de las demás personas o personalidades involucradas, porque todavía existe secreto sumarial con relación a ellos”.
“No hay lugar a dudas, la idea [de continuar con el plan golpista todavía] permanece latente en los conspiradores. Es más, la mayoría de los involucrados no están detenidos y siguen manejando sus recursos económicos”.
“Efectivamente en estos momentos, hay ex miembros del Gobierno que están implicados en el “PLAN A”.
“Quedó bien claro que el 4 de marzo de 2004, Severo Moto había sido recibido por el actual presidente sudafricano Thabo Mbeki”
“La demanda de extradición de Severo Moto está en curso en España. Actualmente seguimos con el proceso del retiro de su estado de asilo político, condición sine qua non para dar otro paso”.
“Está bien claro, según Mann, España iba a reconocer el nuevo gobierno que surja después del golpe de Estado. Además aportaría una ayuda material con 1. 000 guardia civiles”.
“Esto coincide cuando en febrero de 2004 [fecha cercana a la intentona golpista], estaba faenando en las aguas del golfo de Guinea un barco de guerra español”.